— Cómo enfrentarse a la globalización en un contexto de crisis mundial —

Alfredo Rocafort Nicolau

Presidente de la Reial Acadèmia de Doctors
Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona


Aunque la crisis mundial, en principio, no está relacionada con la globalización, sin embargo una globalización desregularizada como la actual sí nos puede hacer más difícil salir de ella.

Sin pretender haber encontrado la solución para enfrentarnos al reto de la globalización, voy a destacar algunas circunstancias que nos pueden indicar por dónde discurre el camino que nos lleve a una verdadera solución de la problemática de la globalización e indirectamente a la solución de la crisis actual.

Quiero recordar que no es la globalización en sí la que nos ha llevado a esta crisis financiera mundial, ni la que está dando lugar a la supresión de empleos en el mundo industrializado, sino que todo esto se debe a la ausencia de una regulación efectiva e internacional de la globalización, así como a la falta de medidas eficaces de acompañamiento y de unas políticas acertadas en los países industrializados.

Entre las lecciones positivas que debemos aprender de esta crisis financiera está la necesidad de que la Unión Europea actúe mucho más unida, que sea una auténtica Unión. Es necesaria mucha más solidaridad y menos subsidiariedad. Por fin, estos días se empieza a hablar de una Europa federal, algo que muchos hemos estado pidiendo desde hace ya muchos años, precisamente para poder enfrentarnos con éxito a todas las crisis y retos que preveíamos.

Hasta hace muy poco se ha hablado mucho en Europa de subsidiaridad y muy poco de solidaridad. Por fin, nos estamos dando cuenta de que hemos elegido la alternativa equivocada.

El principio de subsidiariedad, que, en cuanto principio fundamental de la democracia, quiere decir en resumen que la política tiene que ejercerse de la forma más próxima posible a las personas, no añade nada nuevo al concepto de democracia y, en cuanto distribución vertical de poderes, ya está implícito en todo gobierno descentralizado –actualmente casi todos los Estados democráticos están más o menos descentralizados- y en el concepto de federalismo o en un Estado de las Autonomías.

El profesor Philipp Allot, de la Universidad de Cambridge, va todavía mucho más lejos en su crítica a este principio. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el 6 de octubre de 1992, dijo que la subsidiaridad “es peor que un fraude, es un error”, “se trata de una receta para la destrucción de la Comunidad”. “La subsidiaridad es un grito del pasado, es el orden antiguo, el antiguo régimen que trata de reafirmarse”, cuando la Comunidad, según él, es algo totalmente nuevo .

Además, “cercanía al ciudadano” no quiere decir necesaria ni principalmente cercanía física. Cercanía al ciudadano es escuchar al ciudadano, atender a sus necesidades y resolver sus problemas. En una época de conexiones electrónicas la distancia geográfica no supone el más mínimo inconveniente. Conviene recordar al respecto, que la mayoría de los casos de corrupción se dan en el ámbito local, pues este ámbito y las administraciones locales son mucho más propensos al amiguismo y al soborno.

Quizás resulte extraño pronunciarse contra este principio, cuando en las últimas décadas parece que la mayoría de los autores ven en él la panacea a todos los males que sufre la Unión. Pero lo hago totalmente convencido, en cuanto europeísta que soy, porque, sin ser utópico, veo que la subsidiariedad ha fomentado la desunión, los orgullos nacionales, el nacionalismo. La única solución para Europa, lo estamos viendo ahora con la crisis económica y financiera, es más Europa, más solidaridad. La prosperidad que ha tenido Europa en las últimas décadas es fruto de la colaboración de todos los países miembros, pues si los países pobres han tenido acceso a los fondos europeos, los países ricos han tenido un mercado virgen en donde colocar sus productos industriales.

La solidaridad es uno de los principios básicos o generales de la Unión Europea y no se puede desvirtuar este principio en tiempos de crisis, un principio que impregna todo el derecho comunitario y todas las actividades de la Unión Europea. En el preámbulo del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea se dice:

“Preocupados por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas,”

La solidaridad comunitaria es el fundamento de toda la política regional de la Comunidad. La falta a los deberes de solidaridad que supone el no cumplir con la legislación comunitaria es un atentado a las bases del ordenamiento jurídico comunitario. Dentro del contexto comunitario, el principio de subsidiaridad no es el único principio general del Derecho comunitario, y personalmente creo que tal y como ha sido aplicado ha sido un principio nefasto. Separarlo o enfrentarlo al principio de solidaridad comunitaria sería ir contra el espíritu de los Tratados. La solidaridad es, además, un objetivo general de la Comunidad. La subsidiaridad no es un bien en sí, sino que está en función de la solidaridad y de los demás objetivos de la Comunidad.

La solidaridad de la Unión se encuentra dentro de la política de cohesión económica y social, que consiste en el desarrollo armonioso, tanto económico como social, del conjunto de la Unión, orientado a la reducción de las diferencias regionales y entre los Estados y del retraso de las regiones y Estados menos favorecidos. Los instrumentos que la Unión utiliza para reducir estas diferencias entre las regiones son, además de las políticas económicas coordinadas de los Estados miembros, mediante las acciones de los cuatro fondos estructurales de la Comunidad -FEDER, FSE, FEOGA sección Orientación y el IFOP -, el Fondo de cohesión, el Banco Europeo de Inversiones y los otros instrumentos financieros existentes.

La creación de un mercado único y la desaparición de fronteras interiores no conlleva necesariamente la desaparición de las diferencias interregionales, antes bien puede acentuarlas. Por eso, resulta tanto más necesaria una cohesión económica y social.
La cohesión económica y social se ha convertido en uno de los fines primordiales de la Unión: “La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”.

En cuanto a la cohesión económica y social, o lo que es lo mismo a la solidaridad entre los diversos Estados, se creó un nuevo fondo, el Fondo de Cohesión , con el fin de ayudar a la creación de infraestructuras de transporte en los países más pobres de la Unión.

El principio de subsidiariedad ha sido sacado de su entorno original –las relaciones entre el individuo y el Estado- lo estamos extrapolando a un ámbito político, en el que las decisiones se toman en virtud de unas razones políticas, que en principio no tienen nada que ver con el Derecho. Este principio, en sus inicios, pretendía regular las relaciones entre los particulares y los organismos del Estado. Surgió como un sistema de defensa de los intereses de las personas frente al Estado. Tiene una visión vertical: la escala individual, o nivel inferior, y la escala estatal, o nivel superior. La persona es el centro y el sujeto de toda política, y el Estado está jurídicamente por debajo y al servicio de la persona.

Al hacer de este principio ético un principio político, se le ha desfigurado, por un lado y se le ha sobredimensionado, por otro, pues este principio en realidad no aporta nada a la teoría política. En la Unión Europea, el principio de subsidiariedad regula las relaciones de dos esferas que están al mismo nivel, las relaciones de un ámbito en el que tienen competencias tanto los Estados miembros como las instituciones de la Unión Europea.

El ámbito internacional y el ámbito nacional tienen constituciones diferentes. En la constitución nacional el actor o sujeto principal son las personas, mientras que en la constitución internacional el actor central son los Estados. Por tanto, en la constitución nacional las relaciones son verticales, mientras que en la esfera internacional las relaciones de poder son horizontales, en esta última esfera no hay una autoridad superior.

Pero las relaciones entre los Estados y la Unión Europea no están en un plano internacional, sino en un plano supranacional. La Unión Europea es un organismo supranacional, que no tiene nada que ver con los organismos internacionales clásicos. Sus relaciones no son, por tanto, horizontales, sino más bien verticales, pues el Derecho de la Unión está por encima del Derecho nacional, su Derecho tiene primacía sobre el Derecho nacional. Si no estamos en un área internacional, no es, por tanto, la constitución internacional lo que está en el centro, sino los individuos, las personas. La Unión Europea es una Unión de los pueblos de Europa, no de los Estados . Los Estados actúan de mediadores, de apoderados, pero lamentablemente de malos apoderados, o mejor dicho, se extralimitan en sus competencias atribuyendo a la Unión Europea parte de su soberanía, que no es suya, sino de los ciudadanos.

Además en una sociedad moderna la soberanía está compartida, no solo dentro del Estado -gobierno central y autonomías, provincias y municipios- sino también entre el gobierno del Estado y las instancias internacionales o, como en el caso de la Unión Europea, entre el Estado y las instituciones de la Unión. Constantinos N. Kakouris, antiguo juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice al respecto:

“La soberanía es considerada actualmente como un manojo divisible de competencias en el sentido de que su ejercicio puede ser confiado a dos o más autoridades”. “Esta evolución viene facilitada por el abandono, en el transcurso de los últimos decenios, de la concepción clásica de soberanía como algo indivisible, inalienable e intransmisible”.

Medidas políticas

No sé si las medidas políticas son las más necesarias pero estoy convencido que están entre las más urgentes. En el Consejo Europeo de Octubre de 2008 se inició un proceso legislativo con el fin de crear unas estructuras de vigilancia financiera. Se debía crear un sistema europeo de vigilancia financiera con tres autoridades: autoridad europea de vigilancia bancaria; una autoridad europea de vigilancia en el área de los seguros; y una autoridad europea de vigilancia de los títulos mobiliarios. Pero la marcha de este proceso legislativo no parece haber avanzado mucho.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé ya en su artículo 121 que la Comisión Europea elabore unas orientaciones generales sobre la política económica, supervise la política económica de los Estados miembros y dirija una advertencia a un Estado miembro en caso de que su política se desvíe de las orientaciones generales de la Comisión, lo que se ha traducido en estos días en una supervisión de los proyectos de presupuestos generales de los Estados miembros y en unas recomendaciones para que se vuelva al pacto de estabilidad.

El espíritu de austeridad que las Instituciones europeas recomiendan a los gobiernos de los Estados miembros, conviene que se lo apliquen a sí mismas. No tiene razón de ser que se multiplique por 27 el número de embajadas de los Estados miembros y encima haya una embajada de la Comisión, más las así llamadas embajadas de varias regiones autónomas. Por no hablar de los ingentes gastos administrativos que supone utilizar veintitrés lenguas de trabajo en las instituciones de la Unión Europea. Todo esto es un lujo que ni la Unión Europea, ni los países miembros se pueden permitir.

La Unión Europea no se puede decidir por utilizar, en la medida de lo posible, un solo idioma, porque ni los franceses, ni los españoles, ni los portugueses, ni los ciudadanos de ningún país, ni siquiera los malteses, quieren renunciar a su idioma. He ahí el espíritu nacionalista de todos los europeos. Con ese espíritu no se puede construir Europa. Y con este despilfarro administrativo Europa no puede competir. Los ahorros que de esta forma se lograrían, se podría dedicar a formación, investigación y ayudas sociales.

Cuando el Tratado de Funcionamiento de la UE dice que el servicio de acción exterior “trabajará en colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados miembros y estará compuesto por funcionarios de los servicios competentes de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal en comisión de servicios de los servicios diplomáticos nacionales” , nos está mostrando el camino. Europa no se construye con 27 políticas exteriores diferentes entre sí, y a veces contradictorias. ¿Qué posibilidades de éxito tiene Europa ante países como Estados Unidos y las grandes potencias económicas emergentes, como China, la India o incluso Brasil?

Europa va perdiendo peso en el mundo. No pretendemos convertir a la Unión Europa en una superpotencia o en un Superestado, pero tampoco podemos observar pasivamente cómo van quedando relegados a un papel secundario los Estados de la Unión, debido en parte a la globalización y, en parte, a un concepto mal entendido de la subsidiariedad, sin que la Unión Europea asuma ese rol principal. Si Europa pasa a segundo plano, puede suceder lo mismo con sus ideas de democracia y de libertad, con su estado social y de bienestar. Los perdedores serían los ciudadanos europeos. Existe una posibilidad de constituir una cooperación reforzada en materia de política exterior y de seguridad entre aquellos Estados miembros que lo deseen, pero esta posibilidad se deja tímidamente en manos de los Estados miembros, sin que la Comisión tome o pueda tomar decididamente la iniciativa . Los políticos europeos están convencidos de que no hay otro camino, pero no se atreven a decirlo claramente. Tienen miedo a perder los votos de sus conciudadanos, a quienes han educado hacia el nacionalismo y la desunión.

Hay otro aspecto que supone un gran freno al desarrollo de la Unión Europea: el voto por unanimidad, hecho que, aunque se haya reducido, se mantiene vigente en muchos campos de la Unión Europea. El voto por unanimidad no solamente es algo antidemocrático, pues es siempre el voto de mínimos, única forma que hay de lograr la unanimidad, sino que impide que se hagan avances.

Medidas educativas

Quizás sea este el capítulo que exija unos cambios más profundos. La construcción europea es quizás la decisión política más importante del siglo XX, pero es una obra que se ha levantado casi exclusivamente desde arriba. Se ha avanzado mucho hacia arriba, pero no se han echado aún unos cimientos profundos. El ciudadano normal no siente demasiada ilusión por la idea de Europa porque no se le ha preparado ni se le ha educado para esto. Más bien yo diría que se le está educando para la desunión, para el separatismo. Con dineros de los Estados o con dinero de la Unión, se está echando en la escuela la semilla de la desunión.

El intercambio de alumnos se ha de comenzar ya en esta etapa, y no debe ser algo exclusivo de los alumnos con poder adquisitivo. Este intercambio, facultativo para escolares y jóvenes trabajadores, debería ser obligatorio para los jóvenes de estudios superiores. La convivencia con otros jóvenes y con otros ambientes les ayudará a abrirse al mundo y fomentará su deseo de estudiar idiomas extranjeros.

Además del aprendizaje perfecto de un idioma extranjero, se han de fomentar otros valores, ahora ausentes en muchas escuelas, el espíritu de solidaridad, el espíritu de esfuerzo y de superación. Invertir en formación es la inversión humana y económicamente más rentable.

No queda otro camino que invertir en capital humano, en formación y en investigación. Lo que no hemos hecho durante años, aparece ahora con urgente e imperiosa necesidad: investigación, educación y formación. Es la única salida a la crisis. Es una vía larga y costosa, pero es la única solución posible. Los políticos no suelen ser proclives a soluciones a largo plazo, quieren invertir el dinero de los ciudadanos y que este dinero deslumbre y se convierta inmediatamente en votos. Pero es necesario que los gobernantes piensen más en los ciudadanos que en el triunfo de las urnas. Por otro lado, la formación hace del joven una persona más crítica, más libre, y los gobiernos pusilánimes tienen miedo del ciudadano formado y libre.

Para enfrentarnos con ciertas garantías a los retos de la economía moderna, se deben aplicar, yo diría de forma vinculante, los criterios de la estrategia de Lisboa: educación, formación profesional e investigación. Se debe fomentar la cooperación entre el estudiante, la universidad y la empresa. He dicho de “forma vinculante”, pues los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea quedan muchas veces en el plano de buenas intenciones.

Es imprescindible una concienciación de la responsabilidad social, una educación para la solidaridad, solidaridad entre los países ricos y países pobres, solidaridad entre las regiones ricas y las regiones pobres, solidaridad entre los ejecutivos y el simple trabajador, lo que supone toda eliminación de sueldos blindados y desproporcionados, una educación permanente del trabajador y del profesional liberal, pues tanto el uno como el otro necesitan una actualización permanente de sus conocimientos. Toda persona, y sobre todo, todos los jóvenes deben tener muy claro de que la mejora salarial y, por tanto, la mejora de su nivel de vida, pasa por la mejora de la productividad y, a su vez, la mejora de la productividad, por una formación cada vez mayor.

 Promoción de la conciencia de ciudadanía europea

Teóricamente existe una ciudadanía de la Unión, pero que apenas tiene contenido:

“Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”.

El ciudadano tiene que ver en su quehacer cotidiano que vive en Europa, no en un país de Europa: las llamadas de teléfonos tienen unas tarifas según se dirijan a las provincias de su país o a los otros países de la Unión Europea, naturalmente más elevadas si se llama a otro país de la Unión. Lo mismo sucede con los sellos de correos y también con las transferencias bancarias. Los periódicos y revistas editados en otro país diferente de la Unión tienen ya oficialmente un precio más elevado, e incluso el artículo 97 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce un canon extraordinario para los camiones que atraviesan una frontera dentro de la Unión, cuando ya, en principio, la palabra frontera debería estar desterrada del vocabulario de la Unión Europea:

“Los derechos o cánones que, independientemente de los precios de transporte, se le exija a un transportista por cruzar las fronteras no deberán sobrepasar un nivel razonable, teniendo en cuenta los gastos reales a que efectivamente dé lugar el paso por esas fronteras”.

Hay un enorme desfase entre la integración económica e integración política de la Unión. Se ha puesto mucho más interés en la integración económica y geográfica que en la integración social y humana, lo cual reduce considerablemente la legitimidad de los acuerdos y decisiones económicas. Se ha puesto mucho más interés en la ampliación que en la profundización, en el mercado que en las personas. No se puede seguir distinguiendo entre “nacionales”, y extranjeros de otros países de la Unión.

Si se quiere que el ciudadano se sienta realmente ciudadano de la Unión, ha de ser considerado parte activa en todo este proceso y no mero espectador. ¿Dónde está la elección directa del Presidente de la Unión Europea por los ciudadanos europeos? Y, si no se trata de una elección directa, por qué no lo puedan elegir indirectamente a través de los parlamentarios europeos? ¿Dónde están los verdaderos partidos europeos, que sean algo más que sucursales de los partidos nacionales? ¿Dónde está el sistema electoral uniforme y la fecha única para las elecciones al Parlamento Europeo? Si todos tenemos la ciudadanía europea, ¿por qué entonces las ciudadanías nacionales son excluyentes unas de otras? ¿Por qué no se pueden tener varias ciudadanías nacionales al mismo tiempo?

El proyecto de Estatuto de la Ciudadanía de la Unión aprobado el 20 de febrero de 1991 por la Comisión de las Comunidades Europeas y después por el Parlamento Europeo en su resolución de 14 de junio de 1991 enumera toda una serie de derechos específicamente vinculados a la condición de ciudadano europeo y, en particular, entre los derechos y deberes cívicos, el derecho a la participación en las elecciones europeas y municipales del país de residencia, la libre circulación y el derecho de residencia del ciudadano europeo. Entre los derechos y deberes sociales en sentido amplio, se citan los conceptos de igualdad de trato y de oportunidades, de solidaridad social y de respeto a la dignidad y diversidad de todos los individuos. Hace referencia expresa al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, rechaza toda discriminación por razón de la nacionalidad y aboga por la protección común de los ciudadanos de la Comunidad fuera de sus fronteras -protección diplomática y consular-, así como por la institución del defensor comunitario del pueblo.

Si el concepto de ciudadanía es un concepto en evolución, igual que la Unión Europea misma, y si el ciudadano debe ser el centro de esta evolución ¿por qué ha quedado estancado el desarrollo de la ciudadanía de la Unión? Es necesario crear una esfera pública europea y una conciencia o sentimiento común europeo. Los asuntos relacionados con la Unión Europea el ciudadano los ve muy lejanos, como si no le afectaran. Las elecciones mismas al Parlamento Europeo son un tema de segunda categoría. En la nueva fase que ha comenzado con el Tratado de Lisboa el actor principal debe ser el ciudadano, no los Estados ni las instituciones. La crisis financiera nos ha enseñado que los Estados han fracasado. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Es necesaria una Unión Europea que vuelva a ilusionar a los ciudadanos.

En Europa prima el recelo a las instituciones de la Unión por parte de los Gobiernos de los Estados miembros, prima el nacionalismo, en lugar de la solidaridad entre los Estados, prima el freno en lugar del acelerador. La Unión tal y como está concebida –y esta visión sigue presente en el Tratado de Lisboa- es un apéndice de los Estados miembros. Las competencias de la Unión son los residuos de poder que los gobiernos de los Estados miembros han tenido a bien otorgarle. La concepción divina del poder sigue viva en muchos gobernantes, aunque se digan ateos.

Medidas comerciales

La Unión Europea pretende actuar como una unidad, pero sin serlo. Es verdad que hay una política monetaria común y una política comercial común de la Unión Europea, pero hay veintisiete políticas económicas y otras tantas políticas industriales, fiscales y educativas. Tenemos un mercado único en toda la Unión, pero en el que se entremezclan competencias de la Unión con otras competencias nacionales y autonómicas, que normalmente son frenos a la libre circulación de las mercancías. Un mercado único, pero en el que a veces se subvencionan o se priorizan los productos de la región, un mercado único sí, pero con multitud de legislaciones y de idiomas diferentes, un mercado único, es verdad, pero con unas barreras culturales que a veces son más difíciles de franquear que las barreras materiales. ¿Se exigen acaso los mismos requisitos para levantar una empresa en Berlín, Barcelona o en el Campo de Gibraltar? ¿El reconocimiento de títulos se efectúa acaso de forma automática? Son solo unos ejemplos de las grandes contradicciones existentes en la Unión Europea.

¿Está la Unión europea en condiciones de competir con China, un mercado de 1.300 ó 1.400 millones de habitantes, que además de tener unos precios más reducidos, tiene un único idioma comercial, una única legislación y un único sentimiento de pueblo?

Ante la globalización actual de la economía tenemos que poner nuestra mirada y nuestra esperanza en la Unión Europea por razones jurídicas, en primer lugar, pues la política comercial es competencia exclusiva de la Unión, y por razones prácticas o políticas, en segundo lugar. Si queremos enfrentarnos con unas mínimas garantías de éxito frente a la competencia internacional, que hoy está reflejada en China, pero que mañana se puede llamar la India o Brasil o Pakistán, tenemos que tener muy claro cuál es el papel que debe desarrollar la Unión. Si nos conformamos con una Unión que sea poco más que un mercado único, estamos ya totalmente desfasados. Al mercado no le podemos poner barreras, ni podemos estar pensando en un mercado que se limite a un conjunto de Estados. Actualmente el mercado es algo global, universal. Se tarda lo mismo en hacer una transferencia bancaria de Madrid a Barcelona que de Barcelona a Shangai. Si no aspiramos a hacer de la Unión Europea algo más que un mercado, es decir una verdadera unión, hemos perdido ya la batalla de antemano antes de empezar a luchar.

Dentro de la Unión Europea se ha venido dando prioridad a la libertad de empresa y a la libre competencia, cuando sabemos que a nivel internacional hay múltiples formas para saltarse las normas de la libre competencia. Es decir se está defendiendo a ultranza una libre competencia que a nivel internacional no existe.

Medidas laborales

Las medidas laborales están muy relacionadas con las comerciales. Para mantener la competitividad frente a países emergentes con unos salarios mucho más bajos que los europeos, los europeos debemos reestructurar nuestro sistema laboral. El aumento de la competitividad sólo se logra con una mayor productividad, y ésta, mediante inversión en capital o en formación. Es necesario reforzar el binomio competitividad y productividad en todos los ámbitos y fomentar unas políticas económicas a corto plazo. Los países con un mayor nivel de educación y de formación profesional son los que mejor están resistiendo a la crisis de la globalización.

Por otro lado, los criterios de eficacia y de racionalidad que se aplican en el mundo de la empresa para unificar o para crear o suprimir puestos de trabajo, deben aplicarse también al conjunto de todas las administraciones, desde las municipales hasta las administraciones de la Unión Europea. Se impone una reestructuración de todas las administraciones, teniendo en cuenta, naturalmente, la función de servicio que éstas tienen y dando prioridad, por tanto, a los servicios de educación y de sanidad. En un mundo globalizado interconectado por Internet, no creo que sea necesaria la presencia física de tantas representaciones de las instituciones de la Unión Europea. Los gastos de las administraciones repercuten a través de los impuestos en la economía de los ciudadanos y en la productividad de las empresas.

Pero, además, para poder cumplir los objetivos de Lisboa y para reducir los altos niveles de paro ante la crisis económica y financiera actual, son necesarias nuevas formas de flexibilidad y seguridad. Los ciudadanos necesitan más la seguridad en el empleo, y no tanto en el puesto de trabajo, ya que cada vez son menos los que conservan durante toda la vida laboral el mismo puesto de trabajo. Las empresas y los trabajadores deberán adaptarse a unas condiciones laborales y económicas en continuo cambio debido a la externalización y a la deslocalización. En caso contrario, por un lado, las empresas quedarán desfasadas y, por otro, aumentarán cada vez más las desigualdades entre los trabajadores cualificados y los no cualificados. Es decir, la Unión Europea y los Estados miembros deben avanzar hacia una economía del conocimiento preconizada por los Acuerdos de Lisboa.

Es necesario combinar seguridad en el empleo con la flexibilidad en el puesto de trabajo. Es lo que entendemos como “flexiguridad”, que puede definirse como una estrategia integrada para potenciar, a un tiempo, la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral. La flexibilidad quiere decir capacidad de adaptación y de superación a través de los cambios a lo largo de la vida: el paso del colegio al trabajo, de un empleo a otro, del desempleo o la inactividad al trabajo y del trabajo a la jubilación. No quiere decir únicamente libertad de las empresas para contratar o despedir y tampoco implica que los contratos por tiempo indefinido hayan quedado obsoletos. Significa la progresión de los trabajadores hacia mejores empleos, a la «movilidad ascendente» y al desarrollo óptimo del talento y de las capacidades profesionales. Flexibilidad quiere decir organización flexible del trabajo, para responder rápidamente a las nuevas necesidades y para aumentar la producción, conciliando así el trabajo y las responsabilidades privadas o de la vida familiar.
Por seguridad, por otro lado, no sólo se alude a la seguridad de conservar el propio puesto de trabajo: se trata de desarrollar en las personas aquellas facultades que les permitan progresar en su vida laboral y ayudarlas a encontrar un nuevo empleo. Pero, mientras están buscando un nuevo empleo, se trata también de ofrecer unas prestaciones de desempleo adecuadas para facilitar los cambios. La seguridad también abarca cursos de formación para todos los trabajadores, especialmente para los poco cualificados, las mujeres y los de más edad.
Aquellos más necesitados de formación, como los trabajadores poco cualificados, los trabajadores con contratos temporales, los autónomos y los trabajadores de más edad, son los que lamentablemente cuentan con menos posibilidades de formación, los más afectados por la falta de inversión en formación. Es necesario, por tanto, que la formación constante de los trabajadores sea una de las prioridades de todos los presupuestos. Para esto es necesaria la colaboración conjunta de los gobiernos, los interlocutores sociales, las empresas y los trabajadores.

En general, los trabajadores se sienten mejor protegidos por unas prestaciones de desempleo adecuadas que por una estricta protección contra el despido. Las ayudas sociales, sobre todo cuando se trata de despidos masivos estaban más orientadas hacia la jubilación que hacia la reinserción en un nuevo trabajo. Asimismo, las políticas activas del mercado laboral contribuyen a que los trabajadores se sientan más seguros.

Uno de los ejemplos más característicos de este sistema laboral es el llamado triángulo de oro danés.

“El mercado laboral danés combina con éxito flexibilidad y seguridad y se caracteriza por una legislación laboral flexible y una protección del puesto de trabajo relativamente baja, ingentes esfuerzos en materia de aprendizaje permanente y políticas activas del mercado laboral, y un generoso sistema de seguridad social”.

A finales de los años ochenta y comienzo de los noventa, se crearon políticas activas del mercado laboral, encaminadas a motivar a los desempleados a buscar y aceptar empleos, y a mejorar sus cualificaciones. Todo esto se estimuló mediante un sistema de rotación de empleos que permitía que los trabajadores se formasen mientras que otras personas desempleadas los sustituían con carácter temporal. La combinación de estos elementos conforma el denominado «triángulo de oro» de unas disposiciones contractuales flexibles, unos regímenes de bienestar y seguridad social generosos, y extensas políticas activas del mercado laboral. Gracias a esto, Dinamarca se caracteriza por unas tasas de empleo muy elevadas y unas tasas muy bajas de desempleo total, desempleo juvenil y desempleo de larga duración; una rotación del empleo elevada (una cuarta parte de las personas empleadas han pasado menos de un año con el mismo empleador), una alta participación en el aprendizaje permanente, una baja tasa de riesgo de pobreza y un sentimiento general de seguridad muy acusado entre la población.

Los europeos tenemos que convencernos de que o vamos a una verdadera Unión o aquella idea y esperanza que ha tenido ilusionados durante décadas a millones de europeos, no ha sido más que eso, una ilusión, una quimera.

En este sentido, insistiré nuevamente que, además de una política comercial común, es necesaria una política industrial común y una política económica común de toda la Unión. La economía forma un todo y no podemos ir dividiendo los diferentes sectores y repartiendo competencias entre los Estados miembros y las Instituciones de la Unión Europea, como si se tratara de superficies de terreno que pudiéramos separar por un muro. Al hablar de políticas comunes de la Unión Europea, estoy hablando de una única política común para toda la Unión Europea en el sector respectivo. Además de una necesaria unión o coordinación de fuerzas, se impone una atribución clara de las responsabilidades. En cuanto a la política industrial de la Unión Europea, p. e., que está directamente relacionada con el problema de la globalización, nos dice el artículo 173 del Tratado:

1. La Unión y los Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria de la Unión.

A tal fin, dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos, su acción estará encaminada a:
– acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales,

– fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Unión, y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas,

– fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas,

– favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.

2. Los Estados miembros se consultarán mutuamente en colaboración con la Comisión y, siempre que sea necesario, coordinarán sus acciones. La Comisión podrá adoptar cualquier iniciativa adecuada para fomentar dicha coordinación, en particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos. Se informará cumplidamente al Parlamento Europeo.

¿Cómo se traducen luego a la realidad estas frases estilísticamente tan perfectas? ¿De quién es la responsabilidad de la falta de competitividad de la industria nacional? Podemos responder que de ambos, tanto de los respectivos gobiernos nacionales, como de la Unión Europea. Pero la máxima responsabilidad ¿a quién incumbe? Y aquí aparece la nebulosa que rodea a muchas políticas indefinidas que la Unión Europea comparte con los Países miembros. Con esta falta de definición en cuanto a las responsabilidades, no es extraño que los políticos nacionales pretendan atribuirse a sí mismos los triunfos, haciendo responsables de los fracasos a las instituciones de la Unión.

Es necesario que la Unión actúe con una sola voz. Una única voz europea en el mundo, mantener una misma postura como organización supranacional en el marco de las grandes organizaciones internacionales. En ese sentido, las estrategias que se adopten en el seno de la Unión Europea se deberán reflejar adecuadamente en el contexto internacional por parte de los 27 Estados miembros.

La globalización y la crisis financiera actual han puesto en entredicho posiciones ideológicas que se creían incuestionables respecto al papel de los Estados en materia económica. No podemos volver a caer en los mismos errores. Se han privatizado empresas con beneficios y ahora se tienen que nacionalizar o seminacionalizar empresas con pérdidas. Hay que volver a la antigua ética empresarial y laboral del esfuerzo y la superación. Han despilfarrado los Estados pero también las familias y, lamentablemente, siguen despilfarrando en nuestros días algunas administraciones.

La crisis financiera actual se superará, pero, si no se toman unas medidas urgentes de regularización y control de los flujos financieros esta crisis perdurará durante mucho tiempo. No obstante tendremos que seguir enfrentándonos a una globalización cada vez mayor, que exige otras medidas distintas, pero no menos urgentes.

Solidaridad internacional

Si la globalización está afectando negativamente a los países desarrollados por una falta de reglamentación global o por no haber tomado las medidas adecuadas, también lo está haciendo, y de forma a veces dramática, a los países en desarrollo. ¿Hasta qué punto y en qué medida la Unión Europea y sus países miembros están contribuyendo a agravar los efectos negativos de la globalización en los países menos desarrollados o por el contrario están colaborando a paliar los efectos negativos, cumpliendo los compromisos contraídos?

El mes de septiembre del año 2000 189 Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron la “Declaración del Milenio” y se comprometieron a construir un mundo mejor con el fin de (1) erradicar la extrema pobreza y el hambre, (2) conseguir una educación básica para todos, (3) Promover la igualdad entre hombres y mujeres y reforzar la influencia de la mujer, (4) reducir la mortalidad infantil, (5) mejorar la salud materna, (6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, (7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y (8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

La mayoría de estos objetivos deberán lograrse para el año 2015. Son la expresión de un compromiso entre los países en desarrollo y los países desarrollados. No obstante, los objetivos que se marcaron, a excepción del objetivo número 1 –erradicar la extrema la pobreza y el hambre en un 50 %-, están todavía muy lejanos, según se desprende del último informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y la reducción de la extrema pobreza se debe sobre todo a los logros alcanzados en China y la India.

En el prólogo del informe de 2012 de Naciones Unidas sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

“se destacan varios hitos. La meta de reducir la pobreza extrema a la mitad se ha logrado cinco años antes del plazo fijado de 2015, y asimismo la de reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de un acceso confiable a fuentes de agua potable mejoradas. Las condiciones en las que viven más de 200 millones de personas en los tugurios han mejorado, lo cual es el doble de la meta marcada para 2020. La matriculación de niñas en la enseñanza primaria ha igualado a la de los niños y se ha visto un avance acelerado en la reducción de la mortalidad materna y de los niños menores de 5 años. Estos resultados representan una tremenda reducción en el sufrimiento humano y constituyen una clara corroboración del enfoque dado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Las proyecciones indican que en 2015 más de 600 millones de personas de todo el mundo seguirán careciendo de acceso a agua potable segura, casi mil millones vivirán con un ingreso de menos de 1,25 dólares al día, habrá madres que morirán durante el parto, cuando ello puede evitarse, y habrá niños que sufrirán y morirán de enfermedades prevenibles. El hambre continuará siendo un problema mundial, y asegurar que todos los niños puedan completar la enseñanza primaria seguirá siendo una meta fundamental pero no cumplida que afectará negativamente al resto de los objetivos. La falta de condiciones de saneamiento seguras está obstaculizando los avances en salud y nutrición, la pérdida de biodiversidad avanza a un ritmo acelerado y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo una gran amenaza para la población y para los ecosistemas”.

Quiero resaltar expresamente la solidaridad internacional, porque estoy convencido que ahora más que nunca es necesaria la cooperación mundial, no sólo para salir de la crisis, sino también para enfrentarnos con éxito a los retos que nos plantea la globalización. Y, como la globalización es y va a ser en adelante un factor permanente y en aumento constante, la solidaridad internacional tiene que ser un elemento primordial de la política internacional. La política comercial de los países ricos tampoco puede seguir ignorando soluciones a la pobreza de los países en desarrollo

Todos vivimos en esta aldea global, con unos recursos limitados en alimentos, agua y energía. Todos respiramos el mismo aire. El aire o el agua contaminada en las costas de Suecia, por ejemplo, la podemos tener al cabo de unos días en Inglaterra o en España. Los países ricos no pueden consumir y agotar desaforadamente los recursos naturales o energéticos del globo, aunque los paguen a precio de oro. Son recursos limitados que necesitan también los países pobres y las futuras generaciones. Según el citado informe de Naciones Unidas del año 2010 sobre los objetivos de la lucha contra la pobreza, en diez años el mundo ha perdido trece millones de hectáreas de bosque y en los veinte últimos años la actividad humana ha provocado un aumento del 50% de las emisiones de CO2.

Los países ricos, y entre ellos los de la Unión Europea, han de ayudar a los países pobres de una forma racional pero generosa, ayudarles para que se ayuden, y con un control y una supervisión del resultado de estas ayudas, para corregir los posibles errores. La forma más eficaz de ayudar a los países pobres es no poner trabas a sus exportaciones, generalmente agrícolas, compaginando las medidas de protección de la política agrícola común de la Unión Europea con la apertura de sus mercados a los productos de los países en desarrollo, contribuyendo de esta forma a paliar o evitar los efectos negativos que la globalización suele tener en dichos países, como son:

• los daños medioambientales, pues algunos de estos países han tolerado la destrucción de sus bosques, con objeto de exportar la madera, y han utilizado indiscriminadamente pesticidas y fertilizantes;
• la droga, ya que algunos países, debido a los bajos precios de sus productos, se dedican al cultivo de cocaína, opio y marihuana, y
• la emigración, pues la falta de trabajo ha obligado a sus nacionales a emigrar.

Una verdadera cooperación no se logra con subvenciones o donativos, que, en muchas ocasiones, sólo han servido para perpetuar las causas del subdesarrollo, como ocurre en los países subsaharianos, que son los que reciben mayor ayuda per cápita del mundo.

La verdadera cooperación al desarrollo de los países pobres consiste en ayudarles a transformar sus sistemas económicos, para que en todos ellos sea posible la inversión y la creación de riqueza. Se suele aducir que no se los puede obligar a estos países a adoptar los sistemas occidentales, pero es que, lamentablemente, los sistemas económicos que tienen esos países son en gran parte los causantes de su pobreza.

Según el citado informe de la ONU de 2010 sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, actualmente se está batiendo el récord de paro en el mundo, que llega a 211 millones. El documento de la ONU reconoce que se han alcanzado avances en la lucha contra la pobreza, pero aclara que estos se deben, sobre todo, a los progresos en China e India, pues con 1.300 millones y 1.100 millones de habitantes, respectivamente, China e India tienen una tercera parte de la humanidad y cualquier progreso que registren tendrá un fuerte impacto en las cifras globales. China ha sacado de la pobreza a unos 400 millones de personas en los últimos 20 años, mientras que en la India la ONU calcula que la pobreza se irá reduciendo considerablemente hasta el año 2015.

Según este informe, la zona del sudeste asiático es la que más ha hecho en este terreno, mientras que en América Latina, dos indicadores clave de la pobreza que venían mostrando mejoras, empleo y empleo vulnerable, retrocedieron debido a la crisis.

La eliminación de la pobreza va de la mano del crecimiento económico y de la creación de empleo. En este sentido, los últimos anuncios del mundo desarrollado no son, por tanto, muy alentadores. Si el mundo industrializado prospera a costa de la pobreza de los países en desarrollo, la misma pobreza de estos últimos países terminará perjudicando económicamente a los países industrializados.

Si no son razones humanitarias o de solidaridad las que nos mueven a colaborar en la lucha contra la pobreza -que sería lo deseable-, que al menos sea el temor a que dicha pobreza termine por perjudicar a la aldea global en que vivimos, lo que finalmente decida nuestro compromiso.

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