— Los SWAP como contratos complejos —

Ignacio Farrando Miguel

Catedrático de Derecho Mercantil
Universitat Pompeu Fabra


El funcionamiento de cualquier IRS puede parecer simple, al menos en sus versiones más sencillas (es decir: en los denominados plain vanilla swap). Con todo, lo cierto es que existen elementos contractuales (p.e.: cálculo del coste de la amortización anticipada, etc.) que, como veremos, no son nada evidentes .

Tal vez por ello, y por el hecho de que el resultado económico del SWAP (y en nuestro caso: el IRS) se vincula a un elemento exógeno (un tipo variable [p.e.: Euribor 6 m]), es muy común aseverar que los IRS son “contratos complejos”.

De hecho, esta afirmación es una constante en nuestra jurisprudencia tal y como demuestran, entre otras muchas, las siguientes decisiones que insisten en esa “complejidad” y, por consecuencia, en que sus funcionamiento y riesgos “solo pueden ser verdaderamente comprendidos (y por tanto asumidos o, en todo caso, correctamente explicados a sus destinatarios) por quienes tengan conocimientos financieros sólidos”.

V. así, y entre otras que con ésta u otra formulación equivalente destacan esa complejidad que, en repetida expresión, “salta a la vista, con solo leer el clausurado del mismo”, SAP Gijón (secc. 7ª) 8-3-2012 [Roj: SAP O 533/2012]; SAP Gijón (secc. 7ª) 23-2-2012 [Roj: SAP O 332/2012]; SAP Gijón (secc. 7ª) 25-11-2011 [Roj: SAP O 1670/2011]; SAP Gijón (secc. 7ª) 10-6-2011 [Roj: SAP O 1037/2011]; SAP Gijón (secc. 7ª) 18-2-2011 [Roj: SAP O 262/2011]; SAP Gijón (secc. 7ª) 20-1-2012 [Roj: SAP O 134/2012]; SAP Gijón (secc. 7ª) 3-11-2011 [Roj: SAP O 1277/2011]; SAP Gijón (secc. 7ª) 18-10-2011 [Roj: SAP O 1252/2011); SAP Gijón (secc. 7ª) 13-10-2011 [Roj: SAP O 1250/2011); SAP Gijón (secc. 7ª) 29-9-2011 [Roj: SAP O 1210/2011]; SAP Gijón (secc. 7ª) 25-7-2011 [Roj: SAP O 1161/2011); SAP Gijón (secc. 7ª) 24-5-2011 [Roj: SAP O 1029/2011); SAP Girona (secc. 1ª) 18-2-2011 [Roj: SAP GI 1/2011); SAP Pontevedra (secc. 1ª) 24-10-2011 [Roj: SAP PO 2578/2011); SAP Oviedo (secc. 4ª) 30-5-2011 [Roj: SAP O 953/2011); SAP Oviedo (secc. 1ª) 14-2-2012 [Roj: SAP O 374/2012]; SAP Palencia (secc. 1ª) 21-2-2012 [Roj: SAP P 101/2012]; SAP Zaragoza (secc. 5ª) 19-3-2012 [Roj: SAP Z 693/2012]; SAP León (secc. 2ª) 5-3-2012 [Roj: SAP LE 390/2012]; SAP León (secc. 2ª) 15-7-2011 [Roj: SAP LE 944/2011); SAP León (secc. 2ª) 15-9-2011 [Roj: SAP LE 997/2011); SAP León (secc. 2ª) 14-12-2011 [Roj: SAP LE 1480/2011); SAP León (secc. 2ª) 8-11-2011 [Roj: SAP LE 1323/2011); SAP Mérida (secc. 3ª) 10-1-2012 [Roj: SAP BA 2/2012); SAP Lugo (secc. 1ª) 28-2-2012 [Roj: SAP LU 200/2012]; SAP Cartagena (secc. 5ª) 14-12-2011 [Roj: SAP MU 2899/2011); o SAP Zaragoza (secc. 5ª) 19-3-2012 [Roj: SAP Z 693/2012], para quien ya la misma definición del IRS “refleja la complejidad del instrumento financiero”. Y v. SAP León (secc. 2ª) 5-3-2012 [Roj: SAP LE 390/2012], entre las que advierten que “solo pueden ser comprendidos y asumidos con conocimiento por personas avezadas en la contratación de productos complejos en el ámbito financiero, o en su caso, previa las oportunas y compresibles explicaciones”; SAP Salamanca (secc. 1ª) 2-3-2012 [Roj: SAP SA 118/2012], señalando que el contrato es “difícilmente inteligible por el cliente de una entidad bancaria, salvo que se trate de un experto en la materia y con capacidad de ir preguntando qué son los flujos de caja, los factores de descuento, las cotizaciones de mercado, etc..”; SAP Ourense (secc. 1ª) 28-2-2012 [Roj: SAP OU 163/2012], señalando que el SWAP debe calificarse como “contrato como complejo, para quien carezca de determinados conocimientos financieros”; o, en fin, SAP Mérida (secc. 3ª) 26-1-2012 [Roj: SAP BA 81/2012] (ídem: SAP Mérida (secc. 3ª) 23-2-2012 [Roj: SAP BA 257/2012]), sosteniendo que “constituye un producto financiero complejo de modo que para su comprensión y correcta valoración, en cuanto a su adecuación a los objetivos de cobertura del cliente, se requiere según el Servicio de Reclamaciones del Banco de España una formación financiera claramente superior a la clientela bancaria en general” (similar: SAP Palencia (secc. 1ª) 9-2-2012 [Roj: SAP P 49/2012]) .

Complejidad contractual que, además, se ve expresamente refrendada por lo dispuesto en el actual art. 79bis.8.a) i.f. de la Ley del Mercado de Valores [= LMV] (fruto de la reforma llevada a cabo en el 2007 por la Ley 47/2007 para incorporar la Directiva 2004/39/CE [= Directiva MIFID]) donde se califica a las “permutas financieras” (y a los demás “derivados financieros”) como “productos complejos” por contraposición con los “productos no complejos” (p.e.: acciones, obligaciones que no incorporen derivados implícitos, etc.).

La SAP León (secc. 1ª) 1-3-2012 [Roj: SAP LE 282/2012] nos advierte que “para determinar si un contrato es o no es complejo lo más indicado no son ni los informes periciales ni las valoraciones de los tribunales, sino las propias previsiones legales” añadiendo, a continuación, que si bien dicho precepto “se introdujo con posterioridad al contrato suscrito (…) no lo invocamos porque resulte aplicable sino porque es una calificación legal que nos orienta en un sentido muy claro y preciso: si esos contratos se calificaban como complejos el día 21 de diciembre de 2007 (cuando entró en vigor la reforma que introdujo dicho precepto) carece de lógica pensar que no lo eran el día 24 de julio de 2007 (fecha del contrato)”.

Afirmaciones éstas que provocan, como muestran nuestros repertorios jurisprudenciales, que en muchas ocasiones ni los propios comercializadores bancarios de los IRS cuenten con los conocimientos suficientes para ofrecer una explicación correcta a los clientes acerca de su naturaleza y los riesgos que supone su suscripción o, peor aún, que al poseer una imagen distorsionada de los mismos resulta que acaban transmitiendo una simplificación nada conveniente y, desde luego, alejada de la necesidad de “informar adecuadamente sobre la operación propuesta”.

V. advirtiéndolo, SAP Zaragoza (secc. 5ª) 19-3-2012 [Roj: SAP Z 693/2012], afirmando que “es un contrato de comprensión no sencilla, salvo que el cliente sea un experto en mercados financieros o le haya sido explicado el producto de forma pausada y con los ejemplos pertinentes que permitan concretar y prever las consecuencias reales de ese lenguaje especializado, a veces ajeno incluso al conocimiento real de muchos empleados bancarios”; SAP Jaén (secc. 3ª) 27-3-2009 [Roj: SAP J 403/2009], donde el empleado confundió el contrato marco [es decir: el CMOF] con la posterior confirmación [o Anexo al CMOF]; SAP Barcelona (secc. 1ª) 13-12-2011 [Roj: SAP B 12091/2011], donde se indica que “ni el informante parece tener conocimientos suficientes de todas las circunstancias que envuelven al (…IRS…)”; SAP Gijón (secc. 7ª) 26-9-2011 [Roj: SAP O 1226/2011], donde se indica que algunos de los empleados de la entidad “incluso creían que el producto se ofertaba para cubrir los riesgos de la subida de tipos de interés de la hipoteca, por imperativo de la normativa bancaria” (repetida en múltiples ocasiones, como por ejemplo, en la SAP Gijón (secc. 7ª) 12-3-2012 [Roj: SAP O 689/2012]); SAP Zaragoza (secc. 5ª) 20-6-2011 [Roj: SAP Z 1415/2011], advirtiendo que el lenguaje especializado de los contratos de IRS es “ajeno en muchos casos al conocimiento profundo de muchos empleados bancarios” (ídem: SAP Zaragoza (secc. 7ª) 19-3-2012 [Roj: SAP Z 693/2012]; y SAP Zaragoza (secc. 5ª) 24-11-2011 [Roj: SAP Z 2948/2011]); SAP Zaragoza (secc. 5ª) 25-1-2011 [Roj: SAP Z 162/2011], señalando que “el citado empleado cómo se calculaba el coste de cancelación del producto, por lo que mal se lo pudo explicar al cliente”; SAP Mérida (secc. 3ª) 10-1-2012 (Roj: SAP BA 2/2012), donde “el propio Director e Interventor del Banco (…) que comercializan con ellas habitualmente y tienen formación específica, no pudieron explicar con claridad su funcionamiento, e incluso la propia letrada de la apelante puso de manifiesto en la vista que ninguno de los presentes entendían cómo funcionaba el producto”; SAP Gijón (secc. 7ª) 10-6-2011 [Roj: SAP O 1037/2011], considerando “significativo que alguno de los empleados del Banco que trató el tema con el actor (…) desconocía incluso qué era el «importe nocional», de modo que mal podía explicarle al demandante ese y otros términos y fórmulas del contrato” (ídem: SAP Gijón (secc. 7ª) 25-10-2011 [Roj: SAP O 1670/2011]); SAP Zamora (secc. 1ª) 18-7-2011 [Roj: SAP ZA 295/2011], comprobando que “no cualquiera de los trabajadores de la entidad eran capaces de explicar debidamente en qué consistía dicho contrato […] (entre ellos el director de la sucursal de la entidad con la que trabajaba el demandante)”; o SAP Gijón (secc. 7ª) 25-10-2011 [Roj: SAP O 1670/2011], afirmando que los empleados del Banco “desconocían incluso el significado y alcance de algunos de los términos que se empleaban en el contrato”.

Y, en fin, es por ello que, como sostiene la SAP Oviedo (secc. 1ª) 14-2-2012 [Roj: SAP O 374/2012], “en materia de contratos de permuta financiera el error en el consentimiento, precisamente por las características y complejidad de dichos contratos, no solo no es excepcional sino que constituye la norma general en la resolución de dichos litigios, de forma que la práctica totalidad de las innumerables sentencias recaídas hasta el momento sobre este tipo de contratos (aproximadamente el 95%), declaran la nulidad por error en el consentimiento, salvo contadísimos casos en que quedó acreditado el conocimiento exacto de los términos del contrato e incluso de las consecuencias negativas que podría tener el producto financiero”.

Así sucede, como ejemplo paradigmático, cuando se han comercializado los IRS como “seguros” frente al riesgo de subidas del tipo de interés. Circunstancia que, como veremos más adelante, debe ser objeto de reproche por la desinformación que sin duda puede provocar en clientes sin conocimientos especializados.

V. entre las muchísimas que nos recuerdan que el IRS “nada tiene que ver con un seguro”, o que transmiten esta misma idea, SAP Gijón (secc. 7ª) 8-3-2012 [Roj: SAP O 533/2012]; SAP Gijón (secc. 7ª) 23-2-2012 [Roj: SAP O 332/2012]; SAP Gijón (secc. 7ª) 20-1-2012 [Roj: SAP O 134/2012]; SAP Madrid (secc. 18ª) 5-3-2012 [Roj: SAP M 3615/2012]; SAP Barcelona (secc. 15ª) 26-1-2012 [Roj: SAP B 1/2012]; SAP Salamanca (secc. 1ª) 17-10-2011 [Roj: SAP SA 651/2011]; SAP Salamanca (secc. 1ª) 2-3-2012 [Roj: SAP SA 118/2012]; SAP Girona (secc. 1ª) 23-1-2012 [Roj: SAP GI 37/2012]; SAP León (secc. 2ª) 8-2-2012 [Roj: SAP LE 98/2012]; SAP Jaén (secc. 3ª) 13-1-2012 [Roj: SAP J 65/2012]; SAP Huesca (secc. 1ª) 28-2-2012 [Roj: SAP HU 67/2012], donde incluso se reconoce que “en los cursos de formación a los que (…) asistió el director de la oficina de la demandada, enseñan a ofrecer el producto como un seguro en el que el cliente no tiene que pagar ninguna prima ni comisiones”; SAP Mérida (secc. 3ª) 23-2-2012 [Roj: SAP BA 257/2012]; SAP Mérida (secc. 3ª) 26-1-2012 [Roj: SAP BA 81/2012]; SAP Tenerife (secc. 4ª) 31-1-2012 [Roj: SAP TF 32/2012]; SAP Zaragoza (secc. 3ª) 26-1-2012 [Roj: SAP Z 181/2012]; SAP Zaragoza (secc. 3ª) 26-1-2012 [Roj: SAP Z 181/2012]; SAP Tenerife (secc. 4ª) 6-4-2011 [Roj: SAP TF 33/2012]; SAP Cádiz (secc. 5ª) 23-1-2012 [Roj: SAP CA 40/2012]; SAP Valladolid (secc. 1ª) 9-1-2012 [Roj: SAP VA 17/2012]; SAP Ourense (secc. 1ª) 3-1-2012 [Roj: SAP OU 4/2012]; y, por acabar, SAP Ourense (secc. 1ª) 28-2-2012 [Roj: SAP OU 163/2012], donde los documentos informativos afirmaban que se trataba de “un seguro que proteja el coste de financiación frente a posibles subidas de los tipos de interés”. Aunque otras muchas se cuidan inmediatamente de advertir que los IRS pueden llegar a presentar (económicamente, añadimos) ciertas semejanzas con el seguro (rectius: con la finalidad aseguradora) caso de cumplirse ciertas exigencias (p.e.: estar correctamente asociado a una operación de crédito, etc.). V. en este sentido, SAP León (secc. 2ª) 5-3-2012 [Roj: SAP LE 390/2012]; SAP Burgos (secc. 3ª) 7-3-2012 [Roj: SAP BU 243/2012]; SAP Burgos (secc. 3ª) 27-1-2012 [Roj: SAP BU 127/2012]; SAP Palencia (secc. 1ª) 21-2-2012 [Roj: SAP P 101/2012]; SAP Palencia (secc. 1ª) 9-2-2012 [Roj: SAP P 49/2012]; SAP Palencia (secc. 1ª) 9-2-2012 [Roj: SAP P 49/2012]; o SAP Zaragoza (secc. 3ª) 26-1-2012 [Roj: SAP Z 181/2012]. Todo ello, por supuesto, sin negar que teóricamente es posible suscribir un verdadero seguro contra el incremento de tipos de interés (v. refiriéndose al mismo, SAP Gijón (secc. 7ª) 3-2-2012 [Roj: SAP O 325/2012]; o SAP Gijón (secc. 7ª) 6-2-2012 [Roj: SAP LE 98/2012]).

Con todo, de nuevo recordamos que la suscripción de un IRS, como “instrumento financiero complejo y de alto riesgo” que es (v, por todas, SAP Palencia (secc. 1ª) 28-9-2011 [Roj: SAP P 412/2011]; e ídem: SAP Palencia (secc. 1ª) 9-2-2012 [Roj: SAP P 49/2012]; SAP Palencia (secc. 1ª) 21-2-2012 [Roj: SAP P 101/2012]), entraña un riesgo de quebranto o pérdida económica que, además, se acentúa notablemente en los siguientes dos grupos de casos.

En primer lugar, cuando la construcción contractual sea asimétrica como sucedió, por ejemplo, en el caso expuesto en la SAP Oviedo (secc. 4ª) 16-2-2012 [Roj: SAP O 320/2012], donde se cubría de forma muy diferente las fluctuaciones de los tipos de interés según se produjeran al alza o a la baja, “en claro perjuicio del cliente”.

V. también, con supuestos similares de desajustes perjudiciales, SAP Valladolid (secc. 3ª) 28-9-2011 [Roj: SAP VA 1255/2011], donde el “Banco se está asegurando un tipo mínimo de interés, se cubre ante una bajada de tipos, recibiendo un tipo no inferior al 4,60% en el primer periodo, al 4,75% en el segundo y 4,25% en el tercero. Por contrario el cliente en caso de subidas o bajadas superiores al estrecho margen allí fijado, únicamente va a ver reducido su abono en un 0,10 %”. V. también como idénticas o muy similares, SAP Oviedo (secc. 4ª) 19-9-2011 [Roj: SAP O 1468/2011]; SAP Oviedo (secc. 4ª) 21-7-2011 [Roj: SAP O 1425/2011]; SAP Valladolid (secc. 1ª) 15-7-2011 [Roj: SAP VA 1046/2011]; SAP Oviedo (secc. 4ª) 11-7-2011 [Roj: SAP O 1398/2011]; o SAP Oviedo (secc. 4ª) 11-2-2011 [Roj: SAP O 188/2011].

Un ejemplo particular, por lo inusual es el recogido en la SAP Gijón (secc. 7ª) 20-1-2011 [Roj: SAP O 134/2012], donde el “Banco ofreció a su cliente un producto complejo y con evidentes tintes especulativos, nada menos que a 10 años (ninguna prueba existe de que el plazo lo eligiese la cliente debidamente informada de lo que suponía), en el que ni siquiera se contempla el vencimiento anticipado a voluntad del cliente”.

Como variación de lo anterior, es preciso advertir que resulta claramente nocivo para los clientes la suscripción de un IRS que cubra el riesgo de incremento de tipo de interés cuando exista una cláusula suelo (floor) que impida que los descensos de tipo de interés (que, recordemos, comportarán pérdida para el cliente en el SWAP) se compensen en el contrato de crédito.

Así ocurrió en la SAP Oviedo (secc. 4ª) 21-12-2011 [Roj: SAP O 2304/2011], donde el préstamo contenía una cláusula suelo del 3,00%, pero no tope máximo o techo, “de tal suerte que ante una caída del euribor, como así sucedió, los pagos que tenía que hacer el demandante en virtud de la permuta no tenían el correspondiente reflejo en la reducción de los abonos derivados del préstamo”. V. también, SAP Palencia (secc. 1ª) 21-2-2011 [Roj: SAP P 101/2012], advirtiendo un claro desequilibrio entre las contraprestaciones de las partes, “por cuanto siendo presumible la tendencia bajista del Euribor, el cliente siempre asume y con independencia de que el Euribor este muy por debajo, la obligación de pagar como mínimo el 5,05%, mientras que el banco solo debe pagar el importe que resulte de aplicar el Euribor pero sin suelo o limitación alguna”.

O la SAP Barcelona (secc. 16ª) 11-12-2011 [Roj: SAP B 11911/2011] en la que se reconoce que “la eventual existencia de cláusulas de «suelo» en los préstamos como existencia de la «barrera desactivante» en el swap, favorece las expectativas del banco de forma notablemente diferente (asimétrica) a las expectativas que el mismo contrato otorga al demandante” aunque, debido a que el actor no es consumidor, rechaza que esa asimetría sea jurídicamente relevante. V., también, en fin, SAP Valencia (secc. 9ª) 30-11-2011 [Roj: SAP V 6979/2011], considerando que las condiciones del préstamo hipotecario conjugadas con la existencia de una barrera impedían que se alcanzara el “fin para el que se comercializa el producto”.

Y ya en segundo término, la asimetría también se revela potencialmente peligrosa, y en todo caso distancia al IRS del objetivo presuntamente perseguido (esto es: la cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés), cuando el desajuste se produce entre el principal derivado de la operación de crédito que se quiere cubrir (p.e.: el importe vivo del crédito hipotecario, etc.) y el nocional del SWAP contratado.

V. respecto del último caso, SAP Oviedo (secc. 4ª) 10-10-2011 [Roj: SAP O 1549/2011], donde la póliza de crédito era de 600.000 euros y el SWAP tenía un nocional de 1,5 M de euros, una con intereses indexados al Euribor 3 meses y la otra al Euribor 6 meses . Y sobre el primero, más numeroso, SAP Oviedo (secc. 5ª) 21-2-2012 [Roj: SAP O 340/2012], donde el nocional estipulado fue de 600.000 € y el préstamo concertado con la actora era de 50.000 € , aunque inicialmente ascendía a 431.970 €; SAP Ourense (secc. 1ª) 3-1-2012 [Roj: SAP OU 4/2012], indicando respecto del riesgo del contrato que “debe destacarse que el importe nocional es superior al del nominal del préstamo hipotecario, lo que refleja un evidente contenido especulativo más allá de la mera cobertura de las fluctuaciones de tipos de interés”; SAP Burgos (secc. 3ª) 7-3-2012 [Roj: SAP BU 243/2012], donde se le impuso un IRS por 600.000 € cuando el préstamo era de 200.000 €; SAP Gran Canaria (Secc. 5ª) 6-10-2011 [Roj: SAP GC 2305/2011], donde mientras el préstamo era de 60.000 €, el IRS ascendía a 300.000 €, “es decir, una cantidad que excedía con mucho del riesgo crediticio que se deseaba garantizar”; SAP Gijón (Secc. 7ª) 29-9-2011 [Roj: SAP O 1210/2011], también con una divergencia considerable ya que mientras el préstamo era de 60.000 €, los IRS se contrataron sobre un nocional de 200.000 y 250.000 €, “de modo que la ausencia de vinculación, no ya solo con respecto al contrato de crédito, sino también en relación a los riesgos generales de la demandante, refuerza el carácter especulativo de la operación” (ídem: SAP Gijón (Secc. 7ª) 16-9-2011 [Roj: SAP O 1226/2011]; SAP Gijón (Secc. 7ª) 25-7-2011 [Roj: SAP O 1161/2011]); SAP Lugo (Secc. 1ª) 18-10-2011 [Roj: SAP LU 808/2011], donde también existía un desfase, 1,8 M de préstamo y 2 M de importe nocional, que condujo al tribunal a no aceptar que el swap estuviera vinculado al préstamo hipotecario, con el efecto de rechazar la aplicación del art. 79 quáter LMV; o SAP Zaragoza (Secc. 5ª) 20-6-2011 [Roj: SAP Z 1415/2011], donde “el «nocional» del swap no se corresponde con el principal del préstamo hipotecario (900.000 euros frente a 850.000 euros), por lo que ya existe de partida una brecha (gap) de 50.000 euros de diferencia. Pero, además, el «nocional» sigue invariable aunque el préstamo se va amortizando. Por lo que esa brecha inicial llega hasta los 173.297,95 euros, a la fecha de finalización del swap, lo que hace que la permuta se convierta en un producto escasamente «conveniente» para el fin ofrecido”.

También entendemos como una anomalía en la finalidad protectora que exista un desajuste entre el índice empleado para calcular la cuota del crédito (p.e.: IRPH) y el utilizado en el SWAP (p.e.: Euribor 6 meses).

V. SAP Barcelona (secc. 1ª) 13-12-2011 [Roj: SAP B 12091/2011], examinando un caso donde el índice variable al que se sometía el crédito era el IRPH, y el del IRS era el Euribor 3 meses.

Claro está que, con lo anterior, no queremos decir que esos contratos sean de imposible comprensión sino, simplemente, que existe un amplísimo grado de coincidencia en sostener que no son percibidos como acuerdos objetivamente sencillos (p.e.: una compraventa simple) ni como contratos que, pese a ser en cierta medida complejos, están ampliamente extendidos en nuestra sociedad (p.e.: un crédito hipotecario).

V. SAP Salamanca (secc. 1ª) 2-3-2012 [Roj: SAP SA 118/2012], indicando que la supuesta “claridad de las cláusulas básicas del contrato y el régimen jurídico aplicable” queda en entredicho ya que al leerlo es fácil “comprobar que su interpretación no es tan fácil como se pretende” tal y como resulta, por ejemplo, del cálculo de la liquidación donde “el apoderado y el mismo director de la sucursal” sostuvieron que “la liquidación es un cálculo complejo, difícil de realizar” y que “no podían hacerlo en la sucursal y que debían dirigirse a la central”; o, en sentido similar, SAP Lugo (secc. 1ª) 28-2-2012 [Roj: SAP LU 200/2012], advirtiendo que “la lectura de las condiciones generales, la nomenclatura y las fórmulas ponen de manifiesto que no concurre la sencillez que se proclama (…ya que…) la simple lectura del documento no permite comprender el funcionamiento básico del producto”. V. también SAP Burgos (secc. 3ª) 7-2-2012 [Roj: SAP BU 111/2012], donde se indica que los “peritos coincidieron en que la lectura de los contratos litigiosos, a la vez tan sencillos en su clausulado y tan complejos en sus prestaciones reciprocas, no es suficiente para comprenderlos y que era necesario una explicación complementaria detallada y cumplida para entender el funcionamiento de los contratos”. Pero, en fin, v. también, sin embargo, SAP Madrid (secc. 18ª) 5-3-2012 [Roj: SAP M 3615/2012], afirmando que el “clausulado contractual (…de cierto IRS…) no es especialmente complejo con lo que no acierta a entenderse qué información adicional precisaba la entidad demandante o su representación para entender qué contrataba (…ya que el contrato de IRS…) en modo alguno (…era…) ininteligible”.

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