— Régimen jurídico mercantil y fiscal —

 

Antonio García Castellví

Departamento de Contabilidad
Universidad de Barcelona


La regulación referida a las UTE indica que es una figura negocial de tipo asociativo de la que no emana una personalidad jurídica nueva y que sus miembros, empresarios sociales o individuales, residentes o no en España, tienen por objetivo ejecutar una obra, servicio o suministro concreto, gestionado por un gerente único con la duración que tenga la obra objeto de la UTE y con un régimen tributario específico. Por otra parte es destacable que la UTE presenta importantes diferencias respecto las agrupaciones de interés económico, las cuentas en participación y las sociedades de empresas.

Respecto la normativa internacional las UTE se asimilan a los joint ventures denominados “activos controlados conjuntamente” o “operaciones controladas conjuntamente”, que regula l’IASB en la NIC 31 “Participaciones en negocios conjuntos”. Es remarcable que en España la normativa contable que regula las operaciones de negocios conjuntos no se ha desarrollado, solo encontramos lo que pauta de la UTE la adaptación sectorial del PGC a las empresas constructoras y la de las empresas inmobiliarias.

Normativa fiscal en las UTE

Fiscalmente, las UTE inscritas en el Registro especial del Ministerio de Economía y Hacienda tienen un régimen fiscal especial que afecta al impuesto de sociedades (IS), al impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y al impuesto de actividades económicas (IAE). Respecto al IS se sigue la transparencia fiscal, para los impuestos de ITP y AJD las operaciones de constitución, ampliación, reducción, disolución y liquidación están exentas y respecto al impuesto de actividades económicas las UTE se dan de alta sin pagar ninguna cuota, pues las UTE presentan una tributación más sencilla que el resto de sociedades mercantiles existentes, para que este tipo de entidades no presenten una doble imposición.

Cabe remarcar, que el objetivo de la UTE es económico, no fiscalizador y que además se trata de poner facilidades a este tipo de asociaciones no solo para fomentar el desarrollo de construcciones, sino también para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción con el amparo de un cuerpo legislativo que suponga unes ventajas fiscales, para que las empresas tengan interés en asociarse para situarse mejor en el mercado competitivo. Se trata de facilitar la colaboración entre partícipes para apostar hacia un futuro con innovación, precios competitivos y alta calidad.

La responsabilidad en las uniones temporales de empresas

La legislación de las UTE señala que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, por tanto los miembros de una UTE responden solidariamente y ilimitadamente de las obligaciones de cualquier tipo que se asuman delante de terceros, pero los partícipes de las UTE al ser normalmente sociedades anónimas y sociedades limitadas responden únicamente con las aportaciones a la sociedad mercantil y es en este punto donde se abren importantes interrogantes, como por ejemplo:

1. ¿Si las sociedades anónimas miembros de una UTE no pueden hacer frente a los pasivos exigibles de la UTE con su patrimonio social, hasta dónde llega la responsabilidad solidaria e ilimitada de la UTE que pauta la ley?
2. ¿Qué garantías reales tienen los proveedores de una UTE?
3. ¿Los socios miembros de sociedades mercantiles integrantes de la UTE tienen algún tipo de responsabilidad diferente a la que se limita a sus aportaciones?
4. ¿Con la nueva ley concursal, en situaciones de insolvencia de las empresas como responde la UTE?

Para dar respuesta a estas preguntas seguramente las UTE tendrían que constituir importantes provisiones que perduraran mientras la responsabilidad inherente a la obra perdurase; además actualmente las diferentes provisiones para operaciones de tráfico y para responsabilidades en las empresas constructoras son partidas de escasa importancia, lo que supone la insuficiente cobertura de los riesgos ligados al tráfico empresarial. Por tanto las UTE tienen que reconocer provisiones para riesgos y gastos con el objetivo de presentar una fiel información contable y cuando la UTE llega a su disolución, durante un periodo de garantía, las empresas miembro deben responder solidariamente de las garantías indicadas en el contrato de obra.

Por otra parte, también serían necesarios unos controles de calidad y de costes estrictos para poder hacer una buena cuantificación de estas provisiones y unas revisiones periódicas de las mismas. En los estados contables de estas entidades las provisiones para responsabilidades siempre tendrían que estar presentes. Por ello se propone dar a la UTE personalidad jurídica, dadas las dificultades operativas jurídico-mercantiles, así de esta manera la UTE desarrollaría su propia actuación como una unidad económica con todas las facultades y responsabilidades propias.

La razón de esta proposición es el hecho de que si se ha querido crear la seguridad de una responsabilidad ilimitada, que después indirectamente se está limitando con la responsabilidad de los partícipes, se puede admitir que la UTE tenga una personalidad jurídica propia sometida a los principios de control jurídicos y contables. Además la UTE podría presentar unos estados financieros propios, con informaciones añadidas referentes a la responsabilidad social derivada de sus actuaciones y así se daría una información más clara y detallada de esta asociación.

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